La terminación del Consejo Superior de la Judicatura  ha sido en los últimos proyectos de Reforma a la Justicia un artículo que no puede faltar, queda por costumbre como se dice coloquialmente “en el filo de la navaja” y como institución se fortalece al final de cada proceso.    

Son los escándalos por presuntos actos de corrupción donde se han visto involucrados algunos de sus miembros; la supuesta ineficiencia de la administración de los recursos de la rama, los argumentos que han sido expuestos para su desaparición del sistema de justicia. 

Tales iniciativas han chocado con el Congreso, si superaron el debate en el legislativo, no han llegado a superar el examen ante la Corte Constitucional.

En el 2012, su existencia se volvió para muchos insostenible, los argumentos de su disolución se vieron  envueltos en  supuestos escándalos de corrupción y se dieron a conocer ante la opinión pública, algunos casos de magistrados involucrados  en el carrusel de las pensiones.   Para ser precisos rodó la cabeza del entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra quien presentó renuncia irrevocable a su cargo.   Por otro lado Simón Gaviria en su momento, ocupando la presidencia de la Cámara se vio afectado, igual que su homónimo en el Senado, Juan Manuel Corzo.

Llegar al 2012 con dicho proyecto de ley, había supuesto dos años de discusión,  la reforma  blindaba a los congresistas, donde algunos de ellos eran protagonistas de escándalos de la parapolítica y se le dio oportunidad a los magistrados de aumentar su período a 12 años. 

Dicha reforma borraba tajantemente la Comisión de Investigación de la Corte Suprema, que había sido clave en el desarrollo de los procesos de la parapolítica. Dejaba  en el limbo 1.300 investigaciones de altos funcionarios en casos de tanta resonancia como el de las chuzadas del DAS, Agro Ingreso Seguro y la Yidispolítica. Casi 40 congresistas estaban pendientes de la pérdida de investidura y esperaban que las investigaciones pudieran quedar en el aire, ante la nueva normatividad.

Los magistrados que estaban siendo investigados por el carrusel de las pensiones también se daban por bien servidos porque la reforma les quitaría de frente a la contralora Sandra Morelli, a sus expedientes y los dejaría en la inoperante Comisión de Acusación.

El proyecto resultó ser un desastre para concepto de muchos.  El acto legislativo se convirtió en una estrategia para que los congresistas se salvaran de los líos judiciales del momento.   Por su parte el consejo Superior de la Judicatura estaba próximo a su sepultura como organismo judicial.

Hoy el panorama no es diferente.   Años atrás, las diferentes iniciativas para modificar la justicia no se hicieron esperar.  Se realizaron varios debates, el Ejecutivo encontró la oportunidad perfecta para revivir la idea de eliminar al CSJ y en medio de la oportunidad perfecta, aprovechó el trámite en el Congreso de un acto legislativo que, si bien buscaba eliminar la reelección presidencial, dentro del articulado de modificación de la estructura del Estado.

Así llegaba el desahucio de la más criticada de las altas cortes, la que sería reemplazada por dos organismos diferentes. El Consejo de Gobierno Judicial y la Comisión Nacional de Disciplina asumirían las funciones del Consejo Superior. El primero supliría las funciones de la Sala Administrativa y la segunda, la Disciplinaria.  Al finalizar el 2015 el cometido no se cumplió, pues el Consejo de Estado suspendió la elección de varios de los integrantes del nuevo órgano administrador de la rama, entre ellos la del representante de los jueces y magistrados y la de los tres expertos con asiento permanente en esta nueva célula.

La vida del CSJ tuvo nuevo aliento gracias a las disposiciones de la Corte Constitucional quien declaró la inconstitucionalidad  de la conformación del Consejo de Gobierno Judicial en reemplazo de la Sala Administrativa del Consejo Superior.   Todo entonces quedó como al comienzo.  

Ahora, el Gobierno del presidente Duque, de nuevo toma fuerza para en un primer proyecto acabar con el ente de la Judicatura.  La plenaria del Senado derrotó este miércoles en la noche la propuesta del Gobierno de acabar con el organismo, de modo que seguirá al frente de la administración de la rama. La ministra de Justicia, Gloria María Borrero, aseguró que insistirá con la aprobación de la iniciativa en la Cámara, pero reconoció lo difícil que es acabar la judicatura.

Realizada por: Claudia Altamar

Crédito foto: canal uno