Rama Judicial

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial destituyó e inhabilitó por 20 años a Joel Darío Trejos Londoño, quien en su calidad de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, Meta, aceptó retribuciones y promesas remuneratorias para apoyar una ponencia que absolvía a Marbely Sofía Jiménez Pérez, condenada por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado.

Con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, este Alto Tribunal determinó que Trejos Londoño incurrió en una de las faltas gravísimas que establece la Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, por la comisión del delito de cohecho propio porque recibió para sí una promesa remuneratoria para ejecutar un acto contrario a sus deberes oficiales.

En la providencia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial advirtió que «de los elementos materiales probatorios allegados al plenario, esta Comisión encuentra que el señor Joel Darío Trejos Londoño, mientras ocupaba el cargo de Magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, aceptó retribuciones y promesas remuneratorias de los procesados Smith Bayardo Parra Rincón y Marbely Sofía Jiménez Pérez (conocida como la "viuda de Autorrollings"), por medio del abogado Juan José Velásquez Flórez, en principio, "con el confinado propósito de revocar la sentencia condenatoria" acompañando la ponencia de su colega Alcibíades Vargas Bautista. No así lo concerniente a retardar, un acto propio de las funciones del ponente, como lo era postergar el fallo del proceso penal ».

En el análisis del caso, la máxima autoridad de los funcionarios de la Rama Judicial tuvo en cuenta de declaración jurada de Jiménez Pérez, quien entregó detalles de lo ocurrido con el disciplinado ante la Corte Suprema de Justicia.

La testigo reconoció ser la responsable de intentar pagarle a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Villavicencio, así como de ser la organizadora de por lo menos dos reuniones sociales «en donde se habría cerrado un trato corrupto en medio de trago y mujeres para lograr su propósito de celeridad, absolución y consecuente libertad», indica la providencia.

Marbely Sofía Jiménez Pérez advirtió además que giró cheques por 800 millones de pesos para cumplir lo acordado con los magistrados, sin embargo, exigió el reintegro del dinero después de que se destapara el escándalo de corrupción en el Meta y tras conocer que su condena aumentaría de 39 a 52 años de prisión por los delitos mencionados.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial reiteró que en su calidad de Magistrado de Tribunal, el hoy destituido e inhabilitado era un «indiscutible conocedor de los delitos y que le demandaba abstenerse de incursionar en uno de ellos (cohecho propio) ».

Además de la sanción, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó el envío de una copia de la providencia de la Corte Suprema de Justicia, donde es investigado penalmente.