Rama Judicial

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial revocó la terminación anticipada de una investigación disciplinaria contra el abogado River Ramón Ramírez Racero por supuestamente cobrar dinero a familiares de detenidos a cambio de gestionar su libertad.

El proceso inició con la queja presentada por una ciudadana que manifestó que la fiscal Kenny Karina Chamorro Luna, en su calidad de fiscal de Canapote, Cartagena, recomendó los servicios profesionales de Ramírez Racero a cambio de dos millones de pesos para ejercer la defensa y gestionar la libertad de un familiar.

En primera instancia, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar resolvió terminar anticipadamente la investigación disciplinaria contra el abogado, argumentando que ni la quejosa ni el jurista investigado se presentaron a las diligencias programadas y fue imposible realizar la ampliación y ratificación de la queja. Por lo anterior, el magistrado instructor decidió archivar la investigación para no desgastar a la administración de justicia.

Al resolver un recurso de apelación presentado por la representante del Ministerio Público en este caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con ponencia de la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, ordenó continuar con la investigación contra el profesional del derecho.

Para esta corporación, la decisión de la Comisión Seccional fue apresurada porque no podía concluir que existía duda para establecer la conducta del abogado. Esta corporación ratificó que la queja es el insumo inicial con el que se activa la potestad disciplinaria del Estado y es a este al que le corresponde determinar si las acciones endilgadas a River Ramón Ramírez Racero pueden representar una vulneración al Código Disciplinario del abogado.

A juicio de este Alto Tribunal, la duda es un estadio al que se llega cuando, recabadas las pruebas, no es posible inferir, con certeza, una decisión de fondo. En otras palabras, la duda no se equipara a un déficit de investigación por parte del operador judicial, sino que, tal como lo ha sostenido la Corte Constitucional, ocurre cuando: "(…) a pesar de los esfuerzos demostrados durante el desarrollo del procedimiento y en desarrollo del deber de instrucción integral, el Estado no cumplió la carga probatoria que le incumbía y, por lo tanto, no logró recaudar o aportar pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia".

Además de ordenar la continuación de una investigación integral contra los hechos relatados por la quejosa, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó a la Seccional de Bolívar verificar si por estos hechos cursa investigación contra la fiscal Kenny Karina Chamorro Luna, mencionada por la afectada, y, en caso de no ser así, realizar la compulsa de copias para los fines pertinentes.