Rama Judicial

Bogotá, D.C., 28 de abril de 2014.- El Presidente de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, Pedro Octavio Munar Cadena, dijo que el país necesita una reforma a la justicia enfocada en las necesidades del usuario y que responda a la demanda de justicia de la ciudadanía.

Durante el foro ¿Se necesita una reforma a la justicia en Colombia?, realizado en Bogotá, el magistrado Munar Cadena, aseguró que con las propuestas que se han hecho para reformar a la justicia algunos sectores están buscando un pretexto para reacondicionar toda la estructura política del Estado.

“Perseguimos una reforma del Estado en la cual la Administración de Justicia le sirve de pretexto, dada su debilidad política. Sabemos que de los tres poderes públicos políticamente la Rama Judicial es la más débil y allí siempre habrá un camino para la reforma del Estado, debemos abrir una compuerta para empezar la discusión y establecer si de lo que se trata es de un reacondicionamiento de toda la estructura política del Estado”, precisó el doctor Munar Cadena.

Destacó que uno de los graves problemas de la justicia sigue siendo el déficit presupuestal de la Rama Judicial, ya que cuenta con escasos recursos en comparación con la gran demanda de justicia de los colombianos.

“Desde 1993 el incremento de demanda de la justicia en el país es de un 303 por ciento pero el aparato judicial solamente ha crecido un 24 por ciento, a pesar de ese crecimiento tan deficitario en este momento el índice de evacuación de los juzgados y del aparato jurisdiccional es de 108 por ciento anual, es decir que no solamente se está resolviendo lo que llega a los despachos judiciales sino que se está dando solución a ese atraso ancestral que tiene la Rama Judicial”, precisó el magistrado.

Por su parte el Ministro de la Justicia y el Derecho, Alfonso Gómez Méndez, afirmó que aunque existe en Colombia un poder judicial autónomo e independiente, se necesita una reforma estructural para hacer más eficiente la operación de la Administración de Justicia.

Señaló que es necesario profundizar en mecanismos alternativos de solución de conflictos para evitar el incremento de la congestión de los despachos judiciales y optimizar los recursos operacionales de la Rama Judicial.                                     

“Buena parte de mi propuesta es que debemos desconstitucionalizar el tema de la justicia, hasta donde sea posible, para que  no toda reforma a la justicia pase por el pesado andamiaje de una reforma a la Constitución”, indicó el Ministro de la Justicia y el Derecho.

Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Gabriel Miranda Buelvas, se requiere una reforma que resuelva los problemas coyunturales de la justicia, que abarque cambios en la estructura de la Administración de Justicia y busque soluciones a los problemas más sensibles que atañen a los ciudadanos.

“Las reformas en la justicia no han sido adecuadas o no han tenido el efecto pretendido, pero es indiscutible que necesitamos una reforma a la justicia, pero en primer lugar tendríamos que volver a diseñar todo nuestro sistema jurídico, partiendo inclusive desde la propia constitución”, dijo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

Afirmó que los jueces deben tener una carga racional de procesos, ya que un juez con 500 o mil procesos no puede administrar justicia de manera eficiente e indicó que es preocupante que a dos meses de iniciar un nuevo periodo legislativo, no se conoce de la participación de todos los sectores relacionados con la justicia para presentar un proyecto de reforma a este sector.

La Presidenta del Consejo de Estado, María Claudia Rojas Lasso, manifestó que la tarea principal que debe abordar una reforma a la justicia es recobrar la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones judiciales.

Indicó la magistrada Rojas Lasso que para mejorar la credibilidad en la justicia se requiere dar al ciudadano una respuesta oportuna a sus requerimientos de justicia y el compromiso ético de todos los funcionarios encargados de administrar justicia.

Aunque destacó la importancia de las acciones constitucionales para amparar los derechos de los colombianos, indicó que el uso desbordado de estas acciones ha incrementado la congestión, lo que no permite brindar una respuesta oportuna en los procesos ordinarios o contenciosos administrativos. “Solo en el Consejo de Estado se han fallado más de 73 mil acciones constitucionales”.

“Cualquier reforma tiene que devolver la confianza de los ciudadanos en la justicia, por eso hay que tener un comportamiento ético de quienes administran justicia, es necesario un diálogo para hacer un balance sobre lo que tiene que cambiarse”, agregó la doctora Rojas Lasso.

El Presidente del Senado Juan Fernando Cristo, indicó que se deben hacer dos reformas a la justicia, una constitucional que busque cambiar algunos aspectos de la Administración de Justicia y el presupuesto de la Rama Judicial y otra, que no requiere una reforma a la Constitución, que busque combatir la congestión y permitir un mejor acceso de los ciudadanos a la administración judicial.

Aseguró que en una reforma constitucional debe incluirse el modelo de justicia que se requiere para un postconflicto, teniendo en cuenta que está en marcha un proceso de paz con los grupos armados al margen de la ley, así como tratar el tema de la reelección presidencial, que ha provocado un desequilibrio de poderes.

El exprocurador general de la nación, Jaime Bernal Cuellar, dijo por su parte que se necesita una reforma a la justicia integral que abarque la estructura de la Rama, descongestión judicial, comportamiento de los abogados que dilatan los procesos, comportamiento de los ciudadanos que abusan de algunas acciones legales, desorganización judicial, la alta producción de leyes por parte del Congreso de la República, el problema presupuestal de la justicia y la distribución de competencias.

El doctor Bernal Cuellar manifestó que se requiere cambiar el sistema de elección de los funcionarios de las Altas Cortes, que los magistrados lleguen a las altas corporaciones de justicia como su última escala en la carrera laboral, para lo cual podría otorgarse la pensión a los magistrados una vez terminen su periodo constitucional.

Los panelistas y asistentes al foro organizado por la Presidencia del Consejo Superior de la Judicatura y la Revista Semana, coincidieron en que se requiere un consenso general para buscar soluciones a los problemas que aquejan a la Administración de Justicia, razón por la cual proponen elaborar un proyecto estructurado sin los afanes de las exigencias mediáticas y que responda a los cambios que está requiriendo la ciudadanía.