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Por la celebración de un contrato de promesa de venta de derechos de crédito y por recibir diez millones de pesos producto de este trámite, sin estar autorizada para eso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial suspendió por doce meses del ejercicio de la profesión a una abogada.
Con ponencia del magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez, la corporación determinó que la profesional del derecho incurrió en faltas contra la dignidad de la profesión y actuó de mala fe al recibir un dinero aduciendo representación judicial del cesionario, quien también habría sido objeto de engaño por parte de la abogada.
El Alto Tribunal consideró que la profesional causó afectación a los intereses económicos del comprador, pues tenía conocimiento de que se trataba de un negocio que no tendría éxito, y aun así, participó y firmó los términos del acuerdo.
La ponencia también reflejó que la disciplinada utilizó su posición dominante frente a los conocimientos jurídicos que tenía para obtener un beneficio ilegítimo a través de un acuerdo que no tendría ningún resultado efectivo para el comprador.
