Rama Judicial

Bogotá, D.C., 20 de febrero de 2020.- El Consejo Superior de la Judicatura eligió como Presidenta de la Corporación a la Magistrada Diana Alexandra Remolina Botía y como Vicepresidenta a la Magistrada Gloria Stella López Jaramillo para el periodo 2020.
La Magistrada Remolina Botía es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá con estudios de especialización en derecho sustantivo y contencioso constitucional de la misma Universidad.   

Inició su vida profesional en el Ministerio de Justicia y del Derecho en donde asesoró el diseño e implementación de políticas de investigación jurídica y desarrollo legislativo.  Fue la primera directora de la Dirección de Defensa Judicial de la Nación de dicho Ministerio, sentando las bases de esta dependencia que a la postre se convirtió en la actual Agencia de Defensa Judicial de la Nación del Estado, a la cual asesoró en materias de mediación y riesgos de litigiosidad de las entidades públicas.   

Dirigió además la política de mecanismos alternativos de solución de conflictos, en particular de la conciliación extrajudicial en derecho y del arbitraje nacional y desde entonces participó en investigaciones y proyectos relacionados con el mejoramiento del acceso a la justicia, lo que le valió para recibir en 2017 un reconocimiento especial de la Cámara de Comercio de Bogotá y su Centro de Arbitraje y Conciliación, por el liderazgo y continuo trabajo en la formulación de políticas públicas de conciliación en derecho en Colombia.

Tras 6 años de trabajo en el sector público, continuó trabajando por la justicia colombiana como consultora de entidades públicas y de cooperación internacional y también vinculada a la ONG Corporación Excelencia en la Justicia, posiciones desde las cuales, coordinó y participó en el diseño de observatorios de justicia, como el del sistema penal acusatorio o el de delitos sexuales contra mujeres y niños, niñas y adolescentes; hizo parte de estudios de normatividad sobre los derechos sexuales y reproductivos; contribuyó al diseño de modelos de gestión para la Fiscalía General de la Nación y para los despachos judiciales, entre los cuales vale la pena resaltar el diseño del centro de ejecución civil y del modelo de conciliación de la cuenta de depósitos judiciales, que la Rama Judicial apropió en su momento; y realizó seguimiento, documentación y veeduría a las iniciativas legislativas, decisiones y políticas de justicia del país.

Como asesora, entre otros, del Departamento Nacional de Planeación, la Contraloría General de la República, el Ministerio de Salud y la Presidencia de la República, coordinó el diseño e implementación de la política de integración y racionalización normativa, como eje transversal de la renovación de la administración pública, que se materializó, en la expedición de decretos únicos; en la identificación y difusión de reglas de técnica legislativa y metodologías de producción normativa; en la política de depuración del ordenamiento jurídico a través del retiro de normas obsoletas, anacrónicas o en desuso; y de la adopción de herramientas para asegurar el cumplimiento de criterios de calidad en la producción normativa y regulatoria.

Inmediatamente antes de ser elegida por la Corte Constitucional como magistrada del Consejo Superior de la Judicatura trabajó de nuevo en el Ministerio de Justicia y del Derecho desde 2016, período en el que se desempeñó como asesora, Directora de Desarrollo del Derecho y del Ordenamiento Jurídico y Viceministra de Promoción de la Justicia encargada.

Por su parte la magistrada López Jaramillo es abogada, especialista en Derecho Administrativo con amplia experiencia en la administración pública en los campos administrativo, financiero, de planeación y contratación estatal.

La formación académica, profesional y la experiencia administrativa de más de 30 años en el sector público, de los cuales 29 años de vinculación al Poder Judicial se enmarcan en el perfil y las competencias que exige cumplir cabalmente con el cargo de Magistrada del Consejo Superior de la Judicatura.

La experiencia durante el ejercicio profesional permite tener el conocimiento frente a áreas estratégicas y todos los procesos misionales, de apoyo y técnicos, como el Plan Sectorial de Desarrollo, modelos de gestión judicial, la regulación de trámites administrativos, estructura y plantas de cargos de las diferentes especialidades de acuerdo a la dinámica propia de cada región para la definición del mapa judicial en las diferentes jurisdicciones, elaboración de proyectos de presupuesto y proyectos de inversión, conocimiento específico en materia de contratación estatal,  conocimiento de la estructura orgánica de la Administración Judicial y de las necesidades al interior de la entidad, sistema de carrera judicial, experiencia en el proceso de convocatorias públicas para cargos en el sector judicial, sistemas de evaluación de servicios, conocimiento y la practica en la reglamentación de los depósitos judiciales, entre otros.