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La Comisión Nacional de Disciplina Judicial culminó con éxito la primera jornada del ciclo pedagógico "De la reflexión deontológica a la práctica de la Ley 1123 de 2007" que se desarrolló este jueves en el Paraninfo Benjamín Herrera de la Universidad Libre de Colombia en Bogotá.
La presidenta de este Alto Tribunal, magistrada Diana Marina Vélez Vásquez, organizó y lideró este evento académico que pretende acercar el Código disciplinario de los abogados con los futuros profesionales. El propósito es continuar con estas jornadas en diferentes universidades del país, para dar herramientas éticas en la práctica del derecho a los estudiantes de último año y consultorio jurídico.
"Los abogados cumplimos una función social muy importante, somos el nexo con la justicia y facilitadores del acceso a ella. Los ciudadanos esperan mucho de quienes ejercemos esta carrera, por eso es importante conocer el Código Ético de esta profesión", indicó la presidenta de la corporación en la instalación de esta actividad.
En el panel "El ejercicio de la profesión del abogado", el magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez hizo un amplio análisis práctico de los principales deberes de los profesionales e insistió en la necesidad de actuar con ética con los clientes, colegas y la administración de justicia, entre otros.
A su turno, la magistrada Magda Victoria Acosta Walteros, defendió la necesidad de realizar un control social del ejercicio de la abogacía en Colombia al afirmar que "El ejercicio inadecuado de la profesión de abogado, pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales y especialmente, el derecho al acceso a la administración de justicia".
En lo que respecta a la gestión profesional de los abogados, el magistrado Juan Carlos Granados Becerra expuso las sanciones a las que se ven expuestos los juristas que ignoran lo estipulado en la Ley 1123 de 2007. El magistrado Granados Becerra hizo una radiografía de lo que implica "no entregar a quien corresponda y a la menor brevedad posible dineros, bienes o documentos recibidos en virtud de la gestión profesional, o demorar la comunicación de este recibo".
La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, a través de su presidente, Luis Wilson Laureano Báez y la magistrada Elka Venegas Ahumada, también tuvo espacio. El análisis de las incompatibilidades para ejercer la abogacía y el deber de estar actualizado en materia jurisprudencial fueron los temas de socialización.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial continuará con estas actividades académicas en otras universidades del país.
