Rama Judicial

Bogotá, D.C., 23 de octubre de 2013.- La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, determinó que la Justicia Ordinaria es la competente para investigar a un patrullero de la Policía que le pidió dinero a un ciudadano a cambio de devolverle el vehículo que le fue retenido en un control de alcoholemia.

El uniformado presuntamente aprovechó un operativo de la Policía que buscaba sacar de las vías a los conductores en estado de embriaguez, para exigir dinero por no inmovilizar los carros ni retener las licencias de conducción.

En este caso, según el expediente, existen grabaciones hechas por un ciudadano en el que el patrullero, el 12 de mayo de 2013, en el municipio de Neira (Caldas), le habría exigido la suma de 150 mil pesos, lo que se configura como el delito de concusión.

La Sala declaró que la actuación del patrullero refleja un comportamiento problablemente arbitrario y deliberado, y la conducta punible de concusión es por completo lejana a la función policial y como quiera que no se advierte de manera clara la existencia del fuero militar.

Estima la Sala, con ponencia del magistrado Angelino Lizcano Rivera, que el comportamiento del uniformado debe ser conocido por la jurisdicción ordinaria, representada en la Fiscalía Primera Delegada de Manizales, Caldas.

“Es ilegítmo el servicio en su origen, cuando el sujeto se aprovecha de él para incurrir conscientemente en acciones u omisiones delictivas, porque en ese momento el cabal cumplimiento del deber necesariamente se rompe”, concluyó la Judicatura.