Los magistrados, magistrados auxiliares, empleados administrativos y de servicios del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia, así como los abogados y visitantes frecuentes u ocasionales del Palacio de Justicia en el centro de Bogotá realizaban  sus actividades habituales el 6 de noviembre de 1985, en medio de la zozobra por las crecientes amenazas, el temor por el retiro de la protección policial y los rumores que alertaban sobre la inminencia de una toma al Palacio.

Nadie podría imaginar que 28 horas después, el Palacio de Justicia sería arrasado como resultado de una de las acciones más demenciales que el país ha presenciado, resultado de la violenta incursión armada de la guerrilla y la desproporcionada respuesta del Estado.

El uso de armamentos y explosivos de todo tipo, el inexplicable vacío de poder en el Gobierno y los incendios que destruyeron la edificación  provocaron un  saldo trágico de cerca de un centenar de personas que perdieron la vida entre civiles, miembros de la fuerza pública y guerrilleros, y al menos 11 cuyo paradero aún se desconoce.