La Sala, reconociendo el importante trabajo que la Fiscalía General de la Nación ha realizado, ante manifestaciones de algunos postulados en el sentido de haber sido citados en muy pocas ocasiones a las zonas donde pueden yacer cuerpos humanos, hizo una invitación respetuosa al Ente Acusador para fortalecer su Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de Personas Desaparecidas.
Este llamado cobra más vigencia cuando en medios de comunicación, ante los numerosos decesos por causa de la enfermedad COVID-19, tema que ha suscitado la habilitación prematura de espacios para sepultura, se ha advertido el hallazgo en diferentes cementerios de la región de osamentas no identificadas.
La labor demanda premura para evitar perpetuar el suplicio de las víctimas.
Lo anterior emerge como una obligación del Estado, en virtud de instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en especial, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra desapariciones forzadas, adoptada en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 e incorporada al ordenamiento interno con la Ley 1418 de 2010.