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Una vez revisados y evaluados los informes correspondientes a las tutelas incoadas desde el año 2009 hasta el 2015 bajo los criterios fijados en la sentencia T-760 de 2008 la Corte consideró que las actuaciones adelantadas por el ente ministerial no han sido suficientes para evidenciar una disminución en la presentación de las acciones, por el contrario, demostró una tendencia creciente, ya que para el 2015 último año analizado en el Auto 590 de 2016, se registró el porcentaje más alto que ha tenido la interposición de acciones constitucionales por derecho a la salud, a lo largo de los últimos ocho años analizados, con 150.728 tutelas, superando inclusive la cifra alarmante obtenida al momento de proferirse el mandato constitucional en el 2008, con 142.957 acciones.
Lo anterior indica que no existen resultados favorables en la satisfacción y garantía del derecho a la salud, como consecuencia, la Corte Constitucional declaró nivel de cumplimiento bajo, en el entendido que el ente regulador debe evidenciar en sus informes la disminución en el ejercicio del amparo constitucional, como resultado de la eficacia de las políticas públicas implementadas en el sistema de salud.